APARECE DUEÑO DE TERRENOS DEL AEROPUERTO DE SANTA LUCÍA

Un particular se acreditó como propietario de 128 hectáreas donde se construirá la franja de seguridad de amortiguamiento de ruido en el aeropuerto Felipe Ángeles, ubicadas en la comunidad de San Miguel Xaltocan, según admitió la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en un oficio enviado a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

En el documento, la Sedena informó que la posesión del terreno data de 1971, y le hizo saber a la Sedatu que tiene recursos suficientes y está dispuesta a liquidar para no tener problemas legales.

Sin embargo, la Sedatu se niega a pagar, ya que dicha superficie fue declarada como terreno nacional e inmueble patrimonio de la Federación en abril de 2019 y, a cambio de su uso para el aeropuerto, se acordó la repartición de 617 hectáreas a comuneros.

La dependencia defiende la validez de la declaratoria y subraya que esperará a que se resuelva “cualquier impugnación que declare la nulidad de dicho acto”.

Por su parte la Sedena, en el oficio donde reconoce la propiedad del particular, le hace saber a la Sedatu que está dispuesta y que “cuenta con la suficiencia presupuestaria para realizar el pago que corresponda”.

El millón 280 mil metros cuadrados de terreno al que se refiere la institución armada, tiene un costo comercial en el mercado inmobiliario actual de aproximadamente 384 millones de pesos, a razón de 300 pesos el metro cuadrado.

El reconocimiento de la Sedena de las 128 hectáreas para la franja de seguridad se registró el 07 de junio de 2019, 42 días después de que ese terreno fuera declarado como patrimonio de la Federación.

El 26 de abril de 2019, en el Diario Oficial de la Federación se publicó la resolución de la Sedatu donde el terreno del “predio denominado Xaltocan, municipio de Nextlalpan, del Estado de México” es declarado terreno nacional e inmueble patrimonio de la Federación y está conformado por dos polígonos.

Ambos polígonos suman 128 hectáreas y están dentro de los límites territoriales de San Miguel Xaltocan, donde se construye parte del nuevo aeropuerto, aledaño a la base militar de Santa Lucía, y también es el sitio donde hace semanas un grupo de comuneros instalaron una carpa en protesta por cómo se está desarrollando la operación de los acuerdos con el gobierno federal para el reparto de 617 hectáreas.

El 10 de marzo de 2019, el gobierno federal y 722 comuneros de Xaltocan acordaron permitir la construcción del aeropuerto sobre 128 hectáreas de la comunidad, a cambio del reparto de 617 hectáreas (el total de este territorio era entonces bienes comunales) pero ya como propiedad privada, pasando por el estatus de terrenos nacionales, como un trámite administrativo.

Desde el 15 de mayo de 2019, la persona a la que Sedena le reconoce la propiedad del predio les envió una carta a esta dependencia reclamando derechos sobre el terreno.

Sedena recurrió entonces a instancias oficiales del Estado de México para determinar si el reclamo era real. En el comunicado firmado por el general brigadier, Hiram Sergio Cárdenas Robles, director general de Ingenieros y responsable inmobiliario de la Sedena informó:

“Esta Secretaría de Estado realizó trabajos técnicos en los que se obtuvo que los terrenos que hace referencia el peticionario se encuentren dentro de la citada franja de seguridad”.

De acuerdo al Instituto de la Función Registral del Estado de México “la legalidad de la documentación que presentó el referido propietario, manifestando el instituto que es correcta, encontrándose inscrita en sus acervos y que le da calidad de propietario”.

Por lo anterior, la Sedena recomienda a Sedatu que a fin de no tener problemas legales que puedan “afectar a los intereses de esta Secretaría de Estado, así como al multicitado proyecto, se solicita de su apoyo, a fin de que se dé la solución al tema en comento, por la afectación a la propiedad”, y reitera que cuenta con el presupuesto para ello.

Además de aclarar que Sedena “no tomará posesión de las superficies en comento, hasta que no se resuelva citada problemática a fin de no agravar tal situación, en virtud de que el aludido proyecto es de alta prioridad para el desarrollo de la región y del país”.

Ahora, el reconocimiento de propiedad a un particular por parte de Sedena, sumado a la declaración de que estos terrenos son nacionales, más la reubicación e indemnización a 100 comuneros de Xaltocan, quienes supuestamente tenían la posesión de esas 128 hectáreas, complica la resolución del caso de tenencia de la tierra.

Además, está el jaloneo entre los 722 comuneros por el reparto de esas 617 hectáreas que el gobierno federal les cedió a cambio de permitir usar las 128 hectáreas en cuestión.

Por su parte, la directora de Propiedad Rural de la Sedatu, dijo que la aparición de particulares que son presuntos propietarios de las 128 hectáreas podría complicar el proceso establecido con los 722 solicitantes “nosotros asumimos que son terrenos nacionales, por tanto, en su momento se las entregaremos en las condiciones pactadas a los 722 solicitantes”.

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