El gobierno de Tecámac amonestó a diversos ex funcionarios públicos quienes son señalados por la operación de un programa de apoyo financiero con dinero del ayuntamiento, por un monto de hasta 680 millones de pesos, que ordenó Aarón Urbina Bedolla, ex presidente Municipal, sin embargo las autoridades tendrían que ir más allá, incluso por la vía penal, invocando el posible delito de desvío de recursos.
El 24 de Agosto pasado se dio a conocer en este espacio que el gobierno morenista encabezado por Mariela Gutiérrez Escalante, había solicitado la invalidez de los actos del anterior gobierno por no publicar los acuerdos correspondientes en la Gaceta Municipal, pero que además había detectado la operación de un programa de apoyo por 680 millones de pesos que en realidad benefició a gente ligada a personajes políticos conocidos en la entidad.
Una vez que fenecieron los plazos para interponer los recursos de revocación a los que tuvieron derecho los acusados, de acuerdo a lo que estipula la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la alcaldesa propuso al cuerpo edilicio hacer amonestaciones.
De acuerdo con el gobierno de Tecámac, la administración que inició Urbina Bedolla, uno de los principales operadores del ex gobernador Eruviel Ávila Villegas, aprobó indebidamente un
programa de apoyo financiero que careció de la debida motivación y fundamentación jurídica por medio del cual fueron beneficiados particulares que recibieron dinero del municipio para “iniciar un negocio” por un monto global de 680 millones de pesos.
El monto que es comparable con la inversión que se aplicó al Auditorio Metropolitano, fue irregular porque no se comprobó la utilización del mismo, ante ello sería importante que el ayuntamiento interponga denuncias por desvíos de recursos, tomando en cuenta que se trata de recursos de todos los habitantes.
Mariela Gutiérrez dio a conocer que continúan las revisiones y auditorías a la administración anterior, incluidos el sistema DIF municipal, del que la actual legisladora local Lilia Urbina Salazar, fue presidenta del Patronato y el organismo de agua, donde se han detectado operaciones financieras, presumiblemente irregulares.
La presidenta Municipal enumeró asuntos que están bajo investigación:
“La construcción del supuesto “Hospital de Especialidades” en Héroes de Tecámac por una cifra preliminar de más de 39 millones de pesos, aunado a daño al patrimonio inmobiliario municipal que no contaba con la clave única de establecimiento de salud y cuyo diseño, ingeniería o arquitectura es contraria a varias normas oficiales en la materia en donde además se acreditaron aportaciones y obligaciones de inmobiliarias”.
- “La contratación de servicios profesionales y asesorías no justificadas por una cifra preliminar de más de 48 millones de pesos”.
- “La adquisición de insumos de papelería y pago de combustibles en el DIF por un monto preliminar de casi 17 millones de pesos”.
- “Un programa de bacheo y pavimentación llevado a cabo en contravencion a la normatividad que rige el actuar del ODAPAS, por más de 34 millones de pesos”.
El gobierno municipal aclaró que, “por respeto a la presunción de inocencia de los involucrados, quienes resulten como presuntos responsables de dichos actos contarán con todos los medios de defensa que las leyes les permiten, con lo cual garantizamos el respeto al estado de derecho y a que los involucrados sean oídos y vencidos en los procedimientos administrativos y juicios correspondientes”. Habrá que ver si van en serio.
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