El calendario legislativo de la Cámara de Diputados indica que el próximo 15 de octubre se votará la iniciativa sobre la Ley General de Aguas (LGA), la cual lleva ocho años de atraso desde que se modificó la Constitución para garantizar el derecho humano al agua de todas y todos los mexicanos.
Sin dicha ley, la reforma constitucional es letra muerta. Los más optimistas piensan que el dictamen llegará a la Cámara de Senadores en noviembre o diciembre, los pesimistas consideran que se votará en el 2022 como propone el presidente Andrés Manuel López Obrador y los más experimentados consideran que será una tarea que se le herede, nuevamente, a la siguiente legislatura.
En la actualidad existen en el Congreso de la Unión cinco diferentes iniciativas de ley, dos pertenecientes a legisladoras y legisladores de Morena; una ciudadana impulsada por el colectivo Agua para Todos, Agua para la Vida, que presentó 198,129 firmas validadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), equivalentes al 0.13% de la Lista Nominal como pide la ley, y respaldada por 34 senadoras y senadores morenistas; una del Partido del Trabajo (PT) y finalmente una presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN).
De acuerdo con Feliciano Flores Anguiano presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, entre agosto y los primeros días de septiembre tendrán un dictamen, que incluirá todas las propuestas, y que se puede subir al pleno para su discusión y votación, “realizamos 35 de 36 foros –faltó Sinaloa– en todo el país, con una gran participación ciudadana de más de 7,000 personas aportando”, explica el diputado Flores, quien busca que la iniciativa de la Comisión que encabeza sea la que lleve la voz cantante en este proceso, además de estar en su mandato legal.
La lista de agravios sociales, derivados de la falta de una nueva LGA, es larga y ha sido ampliamente documentada por medios de comunicación, diversas Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y organismos internacionales como el Tribunal Latinoamericano del Agua. El principal consiste en que entre 12.5 y 15 millones de habitantes en México, sobre todo del área rural, carecen de agua potable y drenaje, mientras que el 30 por ciento de quienes sí reciben el recurso no lo tiene en cantidad ni calidad suficiente, según reportó el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM, en 2019, tras analizar las cifras oficiales.
Aún así, las propuestas presentadas hasta el momento generan choques irreconciliables entre los grupos parlamentarios, la sociedad civil organizada, diversos grupos de empresarios nacionales y los capitales extranjeros. Dichas divergencias están ancladas a dos visiones opuestas del mundo y de proyectos políticos: La primera está comprendida en el artículo 4º constitucional, donde la prioridad son las personas que necesitan y reclaman el agua para vivir y la segunda está plasmada en la Ley de Aguas Nacionales (LAN), que ve el agua como un bien de valor económico para generar riqueza.
Como explica el director del Área de Ciencias Sociales y Humanidades del campus León de la Universidad de Guanajuato, Alex Caldera, “nuestra crisis del agua no es natural, es esencialmente política” dado que la gestión del agua está mediada ya no por su ciclo natural, sino por el poder, “hacia dónde va el agua es una decisión política determinada por grupos e intereses”, agrega.
El elefante en el cuarto
Entrevistado antes de que el PAN presentara su iniciativa, Víctor Lichtinger, director del Consejo Consultivo del Agua (CCA) expresó que de las cuatro iniciativas que había en la Cámara de Diputados, “todas son inadecuadas, no van hacia la solución de las verdaderas causas de la crisis y pondrían en riesgo al sistema hídrico, al crecimiento económico, al progreso y la justicia social en México”. El CCA, es un órgano creado con perfil empresarial durante el gobierno de Ernesto Zedillo para asesorar a la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Según Lichtinger, este órgano se ha diversificado para dar cabida a diferentes sectores: “de 70 integrantes solo 15 son empresariales”.
A decir del también ex secretario de Ecología del gobierno de Vicente Fox, hay tres temas que no se tocan a profundidad en las iniciativas de LGA existentes hasta ese momento: uno es el de la contaminación, el otro es la sobre explotación de los mantos freáticos, “donde ya se está usando la parte fósil, que tiene metales pesados” y por último el estrés hídrico, esto es la poca disponibilidad del agua.
Pero lo que más le preocupa a Lichtinger es el cambio en la vigencia de las concesiones, que de aprobarse la iniciativa ciudadana de Agua Para Todos, se reduciría en una tercera parte la vigencia actual, para quedar con un tope mínimo de 2 años y máximo de 10 con posibilidad de renovación, lo que asegura el titular del CCA, ahuyenta a la inversión extranjera y desincentiva la nacional, toda vez que necesita la certidumbre de que contaran con el recurso a largo plazo para hacer rentable su inversión.
La activista Elena Burns, integrante de Agua Para Todos, Agua para la Vida, aclara que la renovación cada 10 años no tiene un tope que impida que las empresas desarrollen sus actividades, “es como cualquiera de los servicios que tienes en casa, si no pagas la luz, el internet o el teléfono te lo cortan” de esta manera, si al terminar el plazo de la concesión se han incumplido los términos de la misma no podrá renovarse. Esto –explica Burns– tiene como objetivo darle más fuerza a la Conagua, pues, asegura, hoy en día las empresas prefieren invertir en amparos y litigios contra el Estado antes que cumplir con la ley y preservar los recursos hídricos.
Por su parte el doctor Pedro Moctezuma Barragán, académico y también integrante de Agua para Todos, argumenta que la existencia de una gran inversión o un mega proyecto, no tiene que ser motivo para otorgar en automático una concesión “Tiene que existir un dictamen de afectación hídrico ambiental donde se estudie cuáles son los beneficios y cuáles son los costos de un proyecto para la cuenca, para los ecosistemas y si efectivamente este proyecto puede ayudar a mantener equilibrios o si va a profundizar la crisis ambiental mientras las ganancias se van fuera del país”.
El tema de las concesiones es el elefante en el cuarto que impidió que los intentos realizados por el Congreso para cumplir con su obligación en 2015 y el 2018 salieran adelante.
Es también el eje central de lo que distintos sectores de la sociedad han llamado la privatización del agua, junto con la tercerización del servicio, que permite que sea operado por particulares.
Ambas prácticas, herencia de las políticas neoliberales de adelgazamiento del Estado se encuentran contenidas en la LAN y se mantienen en todas las iniciativas de LGA excepto la ciudadana.
Para entenderlo hay que voltear a enero de 1992, a la Conferencia Internacional sobre Agua y Medioambiente de Dublín donde se impuso el principio que:
“El agua posee un valor económico en todos sus usos competitivos y debe ser reconocido como un bien económico”. Lo anterior, en la práctica, significó la apertura mundial de la gestión de los recursos hídricos al mercado.
En ese mismo año y bajo ese mismo principio se emitió en México el decreto de la Ley de Aguas Nacionales, que a decir de sus detractores y de sus defensores tiene como objetivo atraer a los capitales para que inviertan.
El problema con esta visión es que “la función de las empresas es hacer dinero no garantizar derechos”, explica Maylí Sepúlveda Toledo, directora general de ControlaTuGobierno A.C.
En su primera versión, la LAN permitía concesiones de 50 años renovables por un periodo igual, así un concesionario podía tener el control del recurso hasta por 100 años. En 2004 el gobierno de Vicente Fox acortó la vigencia a dos periodos de 30 años, para sumar, en algunos casos, 60 años de acaparamiento del recurso hídrico, con casi nulas posibilidades de retirar la concesión.
Además, dichas concesiones son transferibles, comerciables y pueden cambiar el uso por el que originalmente fueron otorgadas, con tan solo notificar a la Conagua y firmar un convenio o contrato entre particulares.
Lo anterior generó un mercado de concesiones donde incluso grandes bancos y firmas de inversión cuentan con concesiones de agua para uso agrícola, con tasa cero, esto es, no pagan por el agua que extraen. Así, la concesión otorgada para riego termina siendo usada para una maquila o una mina que vierte una gran cantidad de contaminantes al medio ambiente.
“Todo el sistema está organizado para que la élite privada obtenga beneficios económicos de una estructura que debe servir para beneficiar a la gente”, explica Julieta Lamberti, directora de investigación de la Organización no gubernamental, PODER.
Especializada en investigar los mecanismos por los que las empresas capturan al Estado, Lamberti señala que entre las estrategias que hasta la fecha siguen los grupos de poder, se encuentra el colocar a representantes de las empresas en cargos públicos para luego beneficiar a dichas empresas; interferir en el sistema judicial; contratar cabilderos para operar en los congresos –a veces a través de sobornos– con el objetivo de aprobar o congelar leyes, entre otras maniobras.
En el caso del agua “hay tantas lagunas en la legislación que impiden que las acciones de captura sean ilegales”, afirma Lamberti, por ello, se debe eliminar el comercio de las concesiones de agua y dejar claro en la ley “que está prohibida la compraventa de los derechos de agua”. De las iniciativas presentadas solo la ciudadana lo menciona.
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