El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero ha estimado que existen unas 19 mil 500 personas privadas de su libertad en el Estado de México que están injustamente presas.
La Legislatura mexiquense prevé que podría aprobar la Ley de Amnistía del Estado de México en el mes de noviembre de este año, con esto se lograría la liberación de más de seis mil personas privadas de su libertad, que en estos momentos se encuentran compurgando penas.
El diputado de Morena y presidente de la Diputación Permanente, Max Correa, explicó que tras la reunión de legisladores con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Ricardo Sodi, acordaron establecer una mesa técnica de trabajo y prevén que la norma podría denominarse Ley de Amnistía y Justicia Penal.
Algunos de los acuerdos son: mantener la cooperación entre ambos poderes, retomar las iniciativas y las aportaciones del Poder Judicial, de la Fiscalía y de la Comisión de Derechos Humanos.
Además, prevén fortalecer los instrumentos y la experiencia de la estrategia aplicada en la Ley Nacional de Ejecución de Penas por la pandemia, con la cual han sido liberadas más de mil 800 personas, a fin de maximizar los beneficios, pero también darles seguimiento y salvaguardar los derechos de las víctimas.
El punto de partida será la iniciativa de Ley de Amnistía propuesta por Morena, y en septiembre prevén presentar los avances.
Max Correa añadió que existe disposición del titular del Poder Judicial a que la entidad cuente con una Ley de Amnistía efectiva y con un impacto en beneficio de quienes están privadas de su libertad, por lo cual crearán una comisión de trabajo técnico con asesores de los legisladores proponentes, de la Junta de Coordinación Política y también del Poder Judicial para después invitar a la Fiscalía y a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.
El punto de partida será la iniciativa de Ley de Amnistía propuesta por Morena, y en septiembre prevén presentar los avances, e incluso el trabajo final de mejora generado por la comisión de trabajo, con la expectativa de que en noviembre pudiera aprobarse esta norma que contará con el apoyo de los tres poderes del Estado y organizaciones.
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